Hacia el año 1982 un grupo de profesionales comprometidos con la creciente lucha del movimiento de Derechos Humanos, convocados por el Padre Mario Leonfanti, desde la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios de la Provincia de Buenos Aires, impulsó la creación del “Taller de apoyo integral”, destinado a las familias víctimas de la dictadura, particularmente, quienes sufrían la desaparición forzada de algunos de sus miembros, en el marco del terrorismo de estado.

Se conformaron equipos de trabajo integrados por profesionales de la salud, el derecho, el campo social  y educativo, que desarrollaron talleres destinados a  centenares de familias víctimas de la desaparición forzada de algunos de sus miembros.

En los últimos meses de ese año, con el fuerte impulso de quienes creyeron necesario ampliar el espacio de construcción social de los Derechos Humanos, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel -Premio Nobel de la Paz, Servicio Paz y Justicia-; Chicha Mariani -Abuelas de Plaza de Mayo-; Emilio Mignone -Centro de Estudios Legales y Sociales-; Olga Márquez De Aredez -Madres de Plaza de Mayo-; Jaime De Nevares -APDH-, entre otros,  se inició el camino de conformación organizativa de un nuevo ámbito que sintetizó en su nominación sus objetivos y campos de acción.

Su actual Comisión Directiva está constituida por: Norberto I. Liwski, Marcos Guillén, Felisa Sotelo, María del Carmen Céliz, Julio Bello, María Inés Olivella, Hilario Ferrero y Gabriel De Menech.

Durante los casi 25 años de existencia fueron afirmándose los principios fundacionales expresados en diversos programas de trabajo, orientados fundamentalmente a partir de tres ejes:

a) Asistencia a las víctimas de la tortura y violaciones extremas de derechos humanos, así como capacitación de equipos profesionales abocados a la materia, incorporando componentes de fortalecimiento ético profesional.

b) Desarrollo de redes sociales nucleadas en torno de la protección y defensa de los Derechos Humanos y el ejercicio de la ciudadanía democrática.

c) Promoción de estrategias de salud comunitaria bajo el enfoque de los derechos humanos, incluyendo el derecho al medio ambiente sano en el marco de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional.

Estas líneas de acción se han nutrido durante estos años en numerosos proyectos auspiciados por diferentes organismos de la cooperación internacional y ámbitos nacionales. Asímismo definimos ransversalmente dos estratégicas modalidades de construcción institucional:

a) Prioridad en la focalización de los programas y acciones en los sectores sociales de mayor vulnerabilidad y desprotección, orientando la territorialidad de la tarea en aquellas provincias cuyo perfil socio-económico e institucional representa niveles de débil desarrollo y precaria institucionalidad.

b) Promoción de acuerdos interinstitucionales que permiten en cada área de trabajo establecer vínculos de cooperación con organizaciones de la sociedad civil, ámbitos académicos, religiosos, gremiales y sectores de organismos públicos.

En este marco reafirmamos el inclaudicable compromiso de continuar trabajando activamente en la asistencia a las víctimas de la tortura, advirtiendo que la misma constituye una respuesta a las dolorosas heridas abiertas por la pasada dictadura militar y que en este tiempo ingresan en la acción efectiva de la justicia, siendo estos juicios por crímenes de lesa humanidad de alta trascendencia nacional e internacional contra la impunidad.

Por otra parte, la subsistencia del flagelo de la tortura, que la recuperación democrática no ha podido erradicar, sigue requiriendo acciones preventivas, asistenciales y reparatorias de esta práctica inhumana e ilegal.